La inclusión en las empresas no puede medirse sólo en enero. Por Carlos Camacho, socio y cofundador Fundación Triangular

Para las empresas con más de cien trabajadores que deben cumplir con la Ley de Inclusión 21.015, enero es un mes de decisiones concretas, porque el plazo legal se agota. La normativa es clara en su espíritu: prioriza la contratación directa de personas con discapacidad. Al mismo tiempo, reconoce que existen casos en que esas contrataciones no logran concretarse, pese a los esfuerzos de los equipos por alcanzar la cuota del 1%, y en esas situaciones permite la adopción de medidas subsidiarias, entre ellas la donación a fundaciones especializadas.
Conviene decirlo con todas sus letras: la donación no es un atajo ni una “salida fácil”. Es una alternativa excepcional, pensada para cuando la contratación directa no ha sido posible, y cumple un rol relevante al permitir que fundaciones con experiencia gestionen recursos para reducir brechas que muchas veces están fuera del alcance inmediato de una empresa, como la formación, la intermediación laboral, los apoyos técnicos, el acompañamiento y la generación de condiciones para que la inclusión ocurra de manera sostenible.
El problema aparece cuando el foco se reduce a evitar la multa y enero se vive como una carrera contra el calendario. En ese escenario, la inclusión se transforma en un trámite y no en una convicción, y la donación pierde su sentido estratégico para convertirse en una operación administrativa más. Cuando el foco se limita a cumplir la ley, el cambio cultural se vuelve opcional, y sin cambio cultural no hay inclusión sostenible.
Las decisiones que se toman en enero dicen mucho de la cultura empresarial. Revelan si la inclusión es parte del proyecto organizacional o si aparece sólo cuando la ley lo exige; si la discapacidad se entiende como una carga o un costo, o como una dimensión más de la diversidad humana que requiere ajustes, aprendizaje y compromiso. También evidencian si las empresas comprenden que la inclusión no puede ser centralista: la normativa es explícita en considerar fundaciones fuera de la Región Metropolitana y organizaciones de regiones en estas medidas subsidiarias, para que la inclusión llegue a todo Chile. La donación es un canal de cumplimiento, pero también una oportunidad: para la comunidad de personas con discapacidad, para las empresas y para la sociedad en su conjunto. No es asistencialismo, es una decisión estratégica con impacto transversal.
Cumplir la ley es el mínimo. Lo que marca la diferencia es cómo se cumple. Enero no debería ser sólo el mes en que se evita una sanción, sino el momento en que las empresas se preguntan, con honestidad, qué tipo de cultura están construyendo y qué rol quieren jugar en una inclusión que sea real, responsable y sostenible.