Guardias sin acreditación y una empresa que trabajó sin contrato: la historia del fallido servicio de seguridad para salud en Puerto Varas
Tras nueve meses con personal a honorarios sin la capacitación OS10 para labores de seguridad, la Municipalidad adjudicó a Icaro Seguridad un contrato por $300 millones para resguardar el SAR y el Cecosf de la comuna. La empresa comenzó a operar sin boleta de garantía ni firma del contrato, y se retiró seis semanas después dejando a trabajadores impagos y los recintos con mínima dotación. Hoy el resguardo depende de cinco funcionarios municipales, solo uno con la certificación exigida por ley.
Por Cristóbal Arriagada Ahumada
Desde el 13 de junio sólo hay cinco funcionarios encargados de velar por la seguridad de los trabajadores y usuarios para los tres centros de salud municipales de Puerto Varas: un guardia de seguridad y cuatro vigilantes. Esta situación ocurre debido a que Icaro Seguridad Limitada, empresa contratada para prestar servicio de seguridad en el SAR de Puerto Varas y Cecosf Decher, se retiró, argumentando la imposibilidad de continuar con la prestación de servicio en condiciones adecuadas.
Los problemas comenzaron dos meses antes cuando se adjudicó la licitación de “Adquisición de servicios de guardias de seguridad para dependencias de salud municipal de Puerto Varas”, para establecer medidas de protección a funcionarios y usuarios de los centros de salud.
La licitación se publicó el 2 de diciembre en la plataforma de Mercado Público y se cerró 11 días después, el 13 de diciembre.
En las bases técnicas se solicitaba disponer de 5 guardias que cubran las 24 horas de lunes a domingo, incluyendo festivos. Para el Cecosf Decher serían dos guardias divididos en dos turnos y para el SAR serían tres guardias divididos en tres turnos. Cada uno debía tener el siguiente equipamiento: un celular cargado, dos equipos portátiles radiales, dos linternas recargables, un chaleco anticorte, un detector de metales y un kit complementario de manos libres.
Se estableció que el contrato tendría una duración de 24 meses y el presupuesto no podría superar los $300 millones en total.
Hubo 9 proveedores interesados y todos fueron aceptados para que se revisara su oferta. El 10 de enero la Comisión Evaluadora, integrada por María Victoria Carrasco, directora de la Dirección de Salud de Puerto Varas, Andrea Rosmanich, abogada de la misma entidad, Cristóbal Toledo, jefe de Operaciones y Tecnologías y Andrés Marín, encargado de Adquisiciones, se reunió para analizar a cada uno de los oferentes.
La comisión le otorgó el mayor puntaje a Icaro Seguridad Limitada y recomendó que se adjudique a ellos. Los motivos determinantes fueron su experiencia al presentar 11 órdenes de compra con distintas instituciones de salud pública, las condiciones laborales al pagar $720 mil brutos a cada guardia y que su oferta económica era justo el máximo exigido.
Finalmente, el 12 de marzo se aprobó la propuesta de adjudicación por unanimidad en la sesión N°10 del Concejo Municipal, luego de dos reuniones de la Comisión de Salud y una discusión en una sesión anterior donde se bajó el punto.
Una cadena de errores administrativos
El 7 de abril, casi un mes después de la aprobación, se publicó en la plataforma de Mercado Público el acta y decreto de la adjudicación, y dos días después se envió la orden de compra al proveedor. De esta manera se informó a Icaro Seguridad Limitada que fue la empresa ganadora.
Luego de este trámite, los siguientes actos administrativos que el Departamento de Salud debía desarrollar antes de que iniciara el servicio de guardias. era recibir la garantía de fiel cumplimiento del contrato y firmar el convenio. Sin embargo, ninguno de los dos se realizó.
Según las bases administrativas de la licitación, la entrega de la garantía no tenía una fecha límite. Eso sí, se determinaba que “al oferente que no entregue o pretenda postergar la entrega de esta Garantía, se le tendrá por desistido de su oferta y se podrá adjudicar a la segunda propuesta mejor evaluada o, declarar desierta la licitación”. Al revisar otras licitaciones de la misma municipalidad se establece una fecha límite de 10 días hábiles, para que sea entregada antes de firmar el convenio. No obstante, en esta licitación no se hizo.
Una situación similar ocurrió con la firma del contrato, que no se realizó. El artículo 119 del Reglamento de Compras Públicas define que debe firmarse ante notario dentro de un plazo de 30 días corridos desde la notificación de la adjudicación. Esta misma norma estaba citada en las bases de la licitación. Según la normativa el contrató debió suscribirse el 7 de mayo, como fecha límite. Pero eso no ocurrió.
El Departamento de Salud insistió los días 15, 17, 23 y 28 de abril a Ícaro Seguridad para que haga entrega de la garantía y se pudiera firmar el contrato, según lo que informó Cristóbal Toledo al presentar la propuesta de re-adjudicación durante la última sesión del Concejo Municipal. Sin embargo, nunca recibieron la garantía.
Aún así, el 1 de mayo la empresa Icaro Seguridad comenzó a prestar servicios de guardias: sin la entrega de la garantía y sin contrato firmado. Según Gabriela Chandía, representante legal de la empresa, la municipalidad los presionó a empezar en esa fecha: “El municipio nos impuso partir el 1 de mayo, dado que se quedarían sin servicio de seguridad. Por lo anterior, y dado los plazos acotados y en virtud que fueron ellos los que se atrasaron en el proceso de adjudicación, nos permitieron iniciar el servicio sin presentar la garantía”, asegura a The Puerto Varas.
El 22 de mayo, luego de tres semanas del inicio de la prestación de servicios, se realizó una reunión en las dependencias de la Dirección de Salud Municipal. En ella participaron por parte del municipio: Cristóbal Toledo, quien estaba encargado de supervisar el contrato, Andrés Marín, encargado de Adquisiciones y Andrea Rosmanich, asesora jurídica. De parte de Icaro Seguridad Limitada estuvo el gerente de Operaciones, Cristian Garrido y la representante legal, Gabriela Chandía.
Gabriela Chandía cuenta que en la instancia se explicaron “sus problemas graves de salud que impedían abordar trámites administrativos y que habría dificultades para concretar la adquisición de la garantía”. En su relato agrega que los representantes del municipio “se mostraron llanos a desarrollar el servicio y que debíamos resolver a la brevedad lo de la garantía. En ningún momento colocando un plazo fatal para ello”.
Ese mismo día de la reunión, pero en la noche, la empresa aceptó la orden de compra, según el sitio web de Mercado Público. Esta fecha es relevante, ya que en las mismas bases de la licitación se estableció como uno de los motivos que el municipio podía re-adjudicar a otro proveedor era si “el oferente adjudicado no acepta la orden de compra dentro de las 24 horas, desde el momento de ser enviada”. Icaro Seguridad Limitada se demoró 1.302 horas, unos 43 días, en aceptar la orden de compra. Esto significa que desde el 11 de abril el municipio pudo re-adjudicar la licitación.
Finalmente, luego de todas estas situaciones, se generó el quiebre definitivo el 12 de junio, el último día que trabajaron los 5 guardias contratados por Icaro Seguridad Limitada. Ese día comenzó temprano. Según Gabriela Chandía, recibió una llamada a las 9:30 de la mañana de Cristóbal Toledo para darle un ultimátum: debían pagar los sueldos de sus trabajadores del mes de mayo al mediodía o debían irse. La comunicación siguió por correos.
A las 12:42 hrs. Eduardo Valenzuela, parte del departamento jurídico de Icaro Seguridad, envió un correo electrónico a Cristóbal Toledo y Andrés Marín explicando la situación de la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato y el retraso en pagar los sueldos de los guardias:
“(…) en relación con la boleta de garantía exigida, comunicamos que hemos gestionado exhaustivamente a través de distintas entidades bancarias y aseguradoras. Sin embargo, no ha sido posible concretar su emisión hasta la fecha. (…) respecto a los retrasos en el pago de sueldos, estos se han producido debido a problemas técnicos que afectaron nuestros sistemas internos de pago. Esta situación fue informada oportunamente a los trabajadores, y fue también formalizada ante la Dirección del Trabajo mediante una constancia laboral, la cual se adjunta a este correo. Con el objetivo de entregar una señal clara de nuestro compromiso con la pronta regularización, se realizó un abono parcial de sueldo a los trabajadores afectados”, aseguró Eduardo Valenzuela en la misiva.
La respuesta llegó 34 minutos después por parte de Toledo:
“(…) presentamos como Departamento de Salud Municipal nuestro absoluto descontento con el servicio ofertado, tanto operacional como administrativamente, dado que no se ha cumplido con lo establecido en las bases de licitación por las cuales ofertaron. (…) Ante estos parámetros la unidad jurídica, en conjunto con la dirección y el área de operaciones evaluarán el posible término anticipado de lo pactado”, comunicó Toledo en el correo.
La contestación ocurrió a las 15:47 hrs. de ese mismo día, donde Icaro Seguridad informó que se retiraba su personal, a través de Eduardo Valenzuela:
“Informamos que a contar del día de hoy se retirará el servicio de seguridad prestado en sus instalaciones. Esta decisión ha sido tomada debido a los últimos eventos ocurridos y a la falta de colaboración de los involucrados, lo que ha imposibilitado continuar con la prestación del servicio en condiciones adecuadas”, afirmó.
El último correo los respondió la abogada Andrea Rosmanich a las 17:02 hrs.:
“Analizados los hechos ocurridos en estos días, sumado a que la empresa adjudicada no ha hecho llegar la boleta de garantía, se han constatado incumplimientos que, de acuerdo al tenor de las bases, sólo conllevan a que debamos poner término al convenio. Los incumplimientos a las obligaciones laborales con sus trabajadores son serios, y evidentemente no podemos permitir que repercutan en la Municipalidad de Puerto Varas. A contar de este momento iniciaremos los procesos para terminar el convenio”, aseguró.
La comunicación se terminó el 16 de junio. Ese día la representante legal Gabriela Chandía reclamó en la plataforma de Mercado Público sobre el rechazo a la orden de compra: “La solicitud de rechazo es improcedente por cuanto se prestaron los servicios prestados sin contrato firmado desde el 1 de mayo. Para efectos de realizar el pago de lo adeudado debe emitir resolución”, escribió.
Según Gabriela Chandía no han recibido ningún pago o transferencia por los servicios prestados. Eso lo ratificó la asesora jurídica Andrea Rosmanich en la última sesión del Concejo Municipal, argumentando que no habían recibido factura de la empresa. Hasta el día de hoy, a los cinco trabajadores solo se les ha abonado los 100 mil pesos como parte de su sueldo.
Guardias a honorario y sin OS10
La premura para que Icaro Seguridad comenzara a prestar servicios de seguridad tenía una razón: el Departamento de Salud llevaba 9 meses con un supervisor y guardias contratados a honorarios sin la acreditación y capacitación vigente para proteger a los funcionarios y usuarios en el SAR de Puerto Varas. Es decir, estaban incumpliendo lo que exige el Decreto 867 del Ministerio del Interior.
Según el Decreto 867 que aprueba el Reglamento sobre nuevos estándares para personas, personal y empresas que reciben servicios o realizan actividades privadas, define a los guardias seguridad, nochero, portero o rondín como “aquella persona natural que presta servicios de seguridad privada, y que otorga, personalmente, protección a personas y/o bienes, dentro de un recinto o área determinada previamente delimitada”.
La misma norma establece como requisito para las personas naturales ejerzan como seguridad privada, que deban “aprobar los exámenes de los cursos de capacitación que correspondan, según lo exigido por la Autoridad Fiscalizadora (Carabineros) en materias de Seguridad Privada correspondiente”. En este caso es el curso y acreditación del OS10 de Carabineros.
El Departamento de Salud contrató a honorarios desde julio de 2024 a abril de este año como supervisor de guardias a Mario Espinoza. Durante ese mismo tiempo hubo una rotación de tres o cuatro guardias de seguridad contratados a honorarios por mes. Todos para trabajar en el SAR de Puerto Varas.
El personal que ejerció funciones de guardia durante ese tiempo fueron: Roxana Agüero, Roberto Almonacid, Yanina Aravena, Cesar Modinger, Angel Navarro, Cesar Ruiz, Javier Menco, Miguel Riveros y Narciso Muñoz.
Según el registro de acreditación de la Prefectura de Seguridad Privada de Carabineros, Mario Espinoza desde 2022 que no tiene vigente su acreditación como supervisor, que exige la ley antes mencionada. En el caso de los otros nueve, solo Roxana Agüero, Javier Menco y Narciso Muñoz estaban acreditados y capacitados al momento de cumplir sus funciones.
Durante 9 meses se mantuvo a un supervisor de guardia sin acreditación vigente para ejercer esa responsabilidad y a seis guardias que tampoco estaban facultados para desempeñar esas funciones, contraviniendo lo que establece la ley.
Es por eso que en las bases de la licitación que se adjudicó Icaro Seguridad, se estableció en el punto cinco del capítulo de requerimientos: “Los guardias asignados por la empresa adjudicada deberán contar con el curso aprobado O.S.-10 y cumplir con todo lo que la normativa exige al respecto”.
Andrés Marín lo comentó en la sesión del Concejo Municipal del 7 de febrero al presentar la propuesta de adjudicación, sin explicitar que no cumplían la norma.
“Como nosotros seguimos manteniendo el servicio a honorarios, necesitamos tener la gente capacitada. Entonces volvimos a hacer unas nuevas bases con el monto incrementado”, aseguró Andrés Marín refiriéndose a la licitación anterior que quedó desierta.
El origen: demora en procesos
“La otra situación que se nos dio que teníamos hasta el mes de septiembre vigente un prestador de servicios licitado de guardias en el SAR de Puerto Varas, en virtud de la ley de compras, se le solicitó extender hasta fin de año el servicio que terminaba en septiembre del año pasado, en las mismas condiciones que había sido licitado. Eso fue a Visión MYM que respondió que, en virtud del aumento del salario mínimo a esa época, porque fue en agosto del año pasado que hubo un aumento, a él no le convenía perseverar en el contrato y desistió”.
Esta explicación la dio la abogada Andrea Rosmanich en la sesión del Concejo Municipal del 7 de febrero. Las fechas que menciona no están correctas, porque solo hasta mayo estaba vigente el contrato de servicio de seguridad que menciona, no hasta septiembre. Sin embargo, lo que comenta es el origen de esta historia.
El año 2023 el Departamento de Salud, luego de una licitación, contrató los servicios de seguridad a la empresa Visión MYM SpA. El contrato consistió en tener cinco guardias en el SAR de Puerto Varas durante un año, hasta mayo de 2024, por el monto de $59 millones. Las bases de esa licitación permitían prorrogar el contrato por acuerdo de ambas partes y eso se hizo por un mes más: se pagó $4,9 millones por las labores otorgadas en junio. No obstante, la empresa no quiso seguir porque habían cambiado las condiciones económicas debido a que el 1 de julio del año pasado se aumentó el sueldo mínimo.
Esto significaba que el SAR de Puerto Varas se quedaría sin personal de seguridad. La decisión que tomó el Departamento de Salud para evitar esa situación, fue contratar a honorarios como supervisor de guardias a Mario Espinoza y otros cuatro guardias más, sin la acreditación ni capacitación para ejercer esas funciones, como se mencionó anteriormente.
La medida debía ser momentánea mientras se realizaba un nuevo proceso de licitación. Ese procedimiento comenzó a fines de agosto, dos meses después del término del contrato con Visión MYM SpA, y se declaró desierto debido a que no tuvo oferentes. En esa oportunidad, los proveedores no postularon, argumentando que el presupuesto de $200 millones para contratar a cinco guardias durante dos años era muy bajo.
Recién en diciembre del año pasado se publicó la misma licitación aumentando el presupuesto a $300 millones. Ese es el proceso que se adjudicó Icaro Seguridad y que hoy se re-adjudicó a otra empresa. La demora de todos estos procedimientos hizo que durante 9 meses se tuvieran contratados guardias a honorarios sin la acreditación exigida por ley.
Un antecedente, que demuestra que se estaba en conocimiento de esta irregularidad, se entregó en la Comisión de Salud del 3 de febrero, antes de la sesión del Concejo Municipal. La directora del Departamento de Salud, María Victoria Carrasco, contestó a los concejales que los guardias contratados “son a honorarios y que no están las capacitaciones 0S10” y que por eso se estaba licitando. En esa misma instancia agregó “que lo que hoy realizan los guardias son funciones de portería”.
Esta situación se dio en el contexto en que en el periodo de 2023 y 2024 hubo 44 casos de violencia en el SAR de Puerto Varas. En 2024 en el Cesfam hubo 9 casos y en el Cecosf solo uno. De lo que va de 2025, solo ha habido 3 casos. Toda esta información la entregó Cristóbal Toledo en la presentación que realizó en la sesión N°10 del Concejo Municipal.
¿Quiénes son Icaro Seguridad Limitada?
Icaro Seguridad Limitada se constituyó el 22 de diciembre de 2015 en el Registro de Empresas y Sociedades. A lo largo de los años ha tenido distintas modificaciones. La más relevante ocurrió a finales del año pasado cuando pasó a ser una sociedad por acciones. Su objetivo definido en los estatutos es desarrollar servicios integrales de seguridad.
Los socios son Matthias Garrido Benoot con el 16,67% y Gabriela Chandía Ruiz con el 83,33% de la participación restante. Chandía también es la representante legal de la empresa y Cristian Garrido, padre de Matthias, es el gerente de operaciones. La empresa tiene su domicilio en Valparaíso.
A lo largo de sus casi 10 años ha tenido 43 contratos con distintas entidades públicas para servicios de guardias y vigilancia, entre las que se encuentran: Conaf, Instituto Nacional de Deportes, Gobierno Regional de Valparaíso, Municipalidad de Temuco y Valparaíso, Subsecretarías de Vivienda, de las Culturas, entre otros.
Actualmente está ejecutando los contratos con Aduanas, U. de Valparaíso, Servicio de Migraciones, U. de Atacama, Dirección del Trabajo y la Subsecretaría del Trabajo.
Conocer la experiencia de un proveedor en una licitación pública es relevante y es por eso que se agrega como un criterio de evaluación. En el caso de la licitación que se adjudicó Icaro Seguridad, las bases pedían verificar la presencia en el mercado enviando órdenes de compra aceptadas correspondientes a la adquisición de servicios de guardias de seguridad en instituciones de salud pública, que sean superiores a $15 millones y desde 2020 en adelante.
Ícaro Seguridad fue la obtuvo el mayor puntaje en ese criterio de evaluación, porque presentó como antecedentes 11 órdenes de compra: del Instituto Nacional de Rehabilitación PAC, el Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, Servicio Médico Legal, el Hospital del Huasco, el Hospital de la U. de Antofagasta, entre otros.
Sin embargo, no adjuntó las órdenes de compra de un contrato en el que tuvo problemas: Municipalidad de Antofagasta.
Según se consigna en medios de comunicación, se efectuó un término anticipado del contrato. El 11 de julio de 2024, SoyAntofagasta informó que la Municipalidad de Antofagasta decidió terminar el contrato de Icaro Seguridad que vigilaba el ex vertedero La Chimba, debido a acumulación de multas.
Además, el 19 de abril de este año, en medio del proceso de entrega de la garantía y firma del contrato con la Municipalidad de Puerto Varas, el diario El Chañarcillo publicó que el Hospital de Copiapó manifestó preocupación por el no pago de sueldos a los guardias por parte de Icaro Seguridad. Tres semanas después, el Diario de Atacama informó la paralización de funciones de los mismos guardias. Finalmente, se terminó anticipadamente el contrato por esa situación.
Al revisar el registro de multas de la Dirección del Trabajo, se encuentra que Icaro Seguridad Limitada ha tenido 373 multas desde el año 2020 a la fecha. La mayoría son de 2025: el 70% con 261. Del total de multas solo ha pagado 76 y el resto está en trámite de cobranza.
También, al revisar el registro de proveedores de Chile Compra se observa que desde el 28 de julio que está inhabilitado para ser contratado por una institución del Estado, debido a que tiene deudas tributarias con la Tesorería General de la República.
Recurso de reposición y denuncia
En la actualidad hay cinco funcionarios de planta del Departamento de Salud que están con la función de resguardar la seguridad de los tres recintos de salud municipales. Son todos trabajadores que llevan años en el municipio y pertenecen al estamento de auxiliares.
José Miguel Molina es el único con el cargo de guardia de seguridad. Paola Mansilla, José Rubén López, Juan Carlos Mancilla y Sigifredo Soto tienen el cargo de vigilantes. Todos llevan cumpliendo estas funciones desde por lo menos 2022. Sin embargo, solo Paola Mansilla está capacitada y acreditada en el OS10 de Carabineros para ejercer esa responsabilidad.
Mientras que Icaro Seguridad presentó un recurso de reposición a la Municipalidad de Puerto Varas solicitando que se deje sin efecto la resolución del término anticipado del contrato. Sus argumentos son que se puso fin al convenio por acuerdo de las partes, que no se firmó un contrato y nunca se levantaron notificaciones ni se entregó un espacio para generar los descargos.
En el mismo escrito agregan que se adjudicó “en un plazo de 120 días posterior al cierre de la licitación, fuera de todo plazo legal, esto quiere decir, que las ofertas tienen una vigencia de 60 días, salvo que explícitamente en los formularios anexos se manifestara lo contrario según lo indica el Reglamento de Compras Públicas”.
Según el artículo 117 del reglamento que mencionan sí establece lo que afirman. No obstante, la adjudicación se realizó 115 días después, cuando ya se había superado el plazo de validez de la oferta, vigente desde el 13 de diciembre, fecha en que se cierra la licitación pública respectiva. En la ficha de la licitación en Mercado Público no hay ninguna explicación de la demora.
Además, interpusieron una denuncia en Carabineros debido a que acusan la pérdida de los libros de asistencia laboral que estaban en dependencias del Departamento de Salud, además de que presentarán un escrito a la Contraloría.
The Puerto Varas se comunicó con el Departamento de Salud de la Municipalidad de Puerto Varas para tener su versión y respondieron que no podían dar una respuesta formal ya que se hablaría el tema en la sesión del Concejo Municipal realizada el miércoles 6 de agosto.
Durante la sesión N°25 del Concejo Municipal de esta semana, la administración presentó la propuesta de re-adjudicación de la licitación a la empresa V&V Security SpA y fue aprobada por mayoría: los concejales Antonio Horn (RN), Pamela Bongain (PR) y Nicolás Yunge (PR) votaron en contra. El alcalde Tomás Gárate (IND), la concejala Tamara Rammsy (IND) y los ediles Rodrigo Schnettler (DC) y Juan Godoy (IND-Evopoli) votaron a favor para contratar el servicio de guardias por 24 meses por el monto de $297 millones.
Este reportaje es parte de la nueva área de reportajes del medio de comunicación The Puerto Varas. Si encontraste algún error, avísanos a contacto@thepuertovaras.cl