Caso Hidrosym y la mantención de áreas verdes: la historia de cómo $900 millones del Municipio de Puerto Varas están retenidos en la justicia

The Puerto Varas revisó los documentos del conflicto judicial donde se encontró un informe técnico de la Dirección de Medio Ambiente que reconoce que Hidrosym prestaba servicios adicionales, las seis cartas donde la empresa solicitó el aumento del pago por esos trabajos, la prórroga del contrato que incrementa el monto reconociendo esa superficie añadida y el cómo la estrategia judicial generó que la deuda creciera en $300 millones por intereses.

Por Cristóbal Arriagada Ahumada

El 15 de octubre pasado, al inicio de la sesión del Concejo Municipal de Puerto Varas, el alcalde Tomás Gárate y el asesor jurídico Ricardo Trincado abordaron uno de los casos judiciales que enfrenta la Municipalidad de Puerto Varas: el conflicto con la empresa Hidrosym Ltda., encargada entre 2018 y 2023 de la mantención de áreas verdes de la comuna.

En la instancia, ambos confirmaron que, luego de dos años de un proceso judicial, el Municipio debió desembolsar $900 millones para ejecutar la decisión del Juzgado de Letras de Puerto Varas. Sin embargo, el alcalde Gárate acusó un “intento de fraude (…) por servicios no contemplados en el contrato ni ejecutados” de parte de la empresa Hidrosym y, por lo mismo, anunció que solicitaron retener ese dinero a la justicia hasta que se resuelva la demanda por enriquecimiento ilícito (ver sesión)

La situación tiene su origen en abril de 2023 cuando Hidrosym presentó una factura de $600 millones al Municipio de Puerto Varas por trabajos adicionales realizados entre 2018 y 2022, según su versión. El asesor jurídico municipal Ricardo Trincado asegura que esas laborales nunca se ejecutaron ni se aceptó el aumento. Sin embargo, nunca rechazaron esa factura, lo que permitió que fuera aceptada debido a que transcurrieron los 8 días de límite según la Ley 19.983. Ese error administrativo permitió que la empresa demandara el pago a la justicia donde finalmente le dieron la razón. Por este hecho, hoy hay un sumario administrativo en curso.

The Puerto Varas revisó los documentos de la historia judicial de este conflicto donde se encontró un informe técnico de la Dirección de Medio Ambiente, fechado en octubre de 2020, que reconoce que Hidrosym prestaba servicios adicionales, las seis cartas donde la empresa solicitó el aumento del pago por esos trabajos, la prórroga del contrato que incrementa el monto reconociendo esa superficie añadida y el cómo la estrategia judicial generó que la deuda creciera en $300 millones por intereses.

Actualmente los $900 millones están retenidos en el 15° Juzgado de Santiago por una medida prejudicial presentada por el Municipio hasta que se resuelva la demanda contra la empresa. Pero eso no asegura que se vayan a devolver a las arcas municipales. 

Para entender la magnitud del monto, equivale a un poco más del presupuesto de la Dirección de Seguridad Pública de este año, que son $860 millones, o a más de toda la Estrategia Municipal de Vivienda para facilitar la ejecución de proyectos de vivienda social en la comuna, que son $700 millones. Incluso, corresponde al 80% del presupuesto del proyecto del Parque Cerro Philippi, aunque para ese caso los dineros son del Gobierno Regional. 

Un contrato de cuatro años y un incremento no regularizado

El conflicto se remonta a diciembre de 2018, cuando la Municipalidad de Puerto Varas adjudicó vía licitación pública el contrato “Servicio de Mantención de Áreas Verdes” a la empresa Diseños, Servicios y Construcciones Hidrosym Ltda., por un monto total de $484.806.000 anuales y una vigencia de cuatro años.

Las bases técnicas establecieron que el servicio debía cubrir aproximadamente 45 hectáreas (450.427 m²) distribuidas entre la ciudad. Sin embargo, el 6 de septiembre de 2019, siete meses de que comenzó el contrato, Hidrosym envió una carta al municipio solicitando una reunión, ya que al medir la superficie del terreno era diferente a lo que estaba en las bases de la licitación (ver carta ).

Luego en diciembre enviaron otra comunicación directamente al alcalde ese entonces, Ramón Bahamonde, pidiendo un incremento del monto pagado en el contrato “al observar la necesidad de aumentar un servicio no contemplado en la licitación original (…) ya que la cantidad efectiva de metros cuadrados son 656.000 m² (65 hectáreas). Lo que evidencia una notoria diferencia de la superficie a mantener” (ver carta).

A raíz de estas peticiones, se realizaron reuniones entre la administración de ese entonces y la empresa. El 12 de febrero de 2020, la empresa vuelve a reiterar en una carta a Karina Morales, quien ese momento era directora de Medio Ambiente del Municipio, sobre su medición que contiene mayor superficie de la contratada (ver carta).

En agosto de ese mismo año, vuelven a solicitar un aumento de contrato directamente al alcalde Bahamonde. Le recuerdan que llevan 1 año y 9 meses sin modificación del acuerdo, pero con áreas verdes a mantener que “efectivamente ha tenido un significativo crecimiento y que se hace indispensable regularizar”. En la misma misiva aseguran que la medición había llegado a 667.294,18 m² (66 hectáreas) (ver carta).

Un mes después, luego de una reunión técnica, Rodrigo Yañez como representante de la empresa le mandó un correo a Karina Morales con un archivo adjunto con el detalle de las áreas verdes que actualmente estaban manteniendo, sumando a las que se habían agregado durante los casi dos años de ejecución. 

Luego de todo ese tiempo de cartas y correos, la Dirección de Medio Ambiente y la Dirección de Obras realizaron un informe técnico para revisar si efectivamente se había aumentado la superficie a mantener, como decía la empresa Hidrosym. El 13 de octubre el estudio, firmado por la entonces directora de Medio Ambiente Karina Morales fue dirigido al alcalde de la época, Ramón Bahamonde en el Memo N°10/2020, donde se asegura que Hidrosym ejecutó labores adicionales, que con el tiempo alcanzaron 139.337 m² extra, equivalentes a un 31,28% más de superficie que la contratada y menos de lo que había informado Hidrosym anteriormente.

En ese documento se lee: “Desde el inicio del contrato, la empresa Hidrosym ha debido incorporar áreas verdes que nunca habían sido consideradas ni catastradas en la superficie indicada en las bases técnicas (…). El incremento verificado corresponde a 139.337,34 m² adicionales, equivalente a un 31,28% de superficie extra” (ver informe).

Este informe fue enviado por Karina Morales al gerente de Hidrosym, Iván Pérez, un mes después de que se informó al entonces alcalde Bahamonde. Ese mismo estudio fue una de las pruebas que presentó la empresa durante una de las incidencias del juicio ejecutivo que le ganó al municipio. 

El cambio de administración y los reclamos reiterados

De acuerdo con los antecedentes del proceso judicial, Hidrosym envió cuatro cartas entre 2019 y 2020 solicitando la regularización de las superficies adicionales y su correspondiente pago, sin obtener respuesta ni solución formal. Esto mismo les ocurrió con la actual administración municipal, según el escrito que presentó la empresa.

En junio de 2021 asumió la nueva administración municipal encabezada por el alcalde Tomás Gárate, quien recibió la Dirección de Medio Ambiente sin antecedentes del informe técnico de 2020, según su asesor jurídico. “La actual administración no estaba en conocimiento de ese pronunciamiento”, explicó el asesor jurídico Ricardo Trincado en su respuesta escrita a este medio, agregando que “no fue entregado en las actas de traspaso”.

No obstante, la empresa Hidrosym, en su escrito judicial asegura que sí informó al alcalde directamente, primero mediante una carta ingresada el 6 de agosto de 2021, que fue respondida, tres semanas después, diciendo que se revisarían los antecedentes para poder reunirse. Sin embargo, aseguran que nunca fueron citados a una reunión (ver documento judicial).

Es por eso que solicitaron una reunión con el alcalde Gárate vía Ley de Lobby que se concretó el 18 de octubre de 2021. Pero nuevamente no hubo una solución ni respuesta formal a su solicitud. A raíz de eso, es que finalmente enviaron otra carta fechada el 12 de abril de 2022, donde informan y detallan todos los pasos e información que se hizo llegar a la municipalidad con anterioridad, con respecto a la solicitud de ampliación del contrato y el valor del perjuicio económico que han tenido. Tampoco tuvieron respuesta.

Después de toda esta comunicación, el 18 de octubre de 2022 la Municipalidad de Puerto Varas le pide a Hidrosym extender el contrato por cuatro meses más, desde diciembre de 2022 hasta marzo de 2023, mientras se preparaba la nueva licitación.

En una carta dirigida al alcalde Gárate del 24 de octubre de 2022, la empresa aceptó, pero condicionó la prórroga a que se ajustara el pago a los metros cuadrados realmente mantenidos. Así se lee en la misiva:

“Aceptaríamos continuar con los servicios hasta el 31 de marzo de 2023 en las condiciones actuales del contrato, más una ampliación que cuadre con los m² mantenidos a lo largo del contrato, por un total de 584.764m²” (ver carta).

En la misma carta se incluye el detalle en un cuadro:

• 450.400 m² valor actual: $45.339.392
  
• 134.364 m² ampliación: $13.517.018
  
• Total: $58.856.410 (IVA incluido)
  

Ese valor es exactamente el mismo que aparece en el Anexo de Contrato del 22 de noviembre de 2022, que detalla la prórroga (ver documento).

“La ampliación del contrato se extenderá a contar desde el 10 de diciembre de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023, por un monto mensual de $58.856.410”, se lee en el anexo.

Pese a esa evidencia, el asesor jurídico municipal, Ricardo Trincado, sostuvo ante el Concejo Municipal del 15 de octubre pasado que la extensión “fue solo de plazos, no de montos”.

Consultado por The Puerto Varas, el propio Trincado explicó posteriormente que “el aumento se debió al reajuste de IPC, calculado alrededor del 12%, y un incremento de áreas por un monto de $7.985.612”.

Además, sostuvo que el informe técnico de 2020 no tiene valor administrativo, ya que “solo un decreto alcaldicio puede modificar un contrato municipal”.

“Por mucho que exista un informe técnico que avale una ampliación, la decisión final corresponde al alcalde, y en este caso no se autorizó una extensión del contrato sino hasta la prórroga aprobada por el Concejo”, explicó.

Estrategia judicial: $300 millones en intereses

El 4 de abril de 2023, a un mes de que terminaron sus trabajos en la comuna, Hidrosym emitió una factura electrónica por un monto de $604.829.936, correspondiente al pago pendiente de los servicios adicionales ejecutados durante los cuatro años de contrato.

La Municipalidad no objetó la factura dentro del plazo legal de ocho días, lo que implicó su aceptación tácita según la Ley 19.983. Debido a esto es que hay una investigación sumaria por este error dentro del Departamento de Tesorería Municipal. 

La versión que entregó el Municipio en la sesión del Concejo Municipal de mediados de octubre a través del abogado Ricardo Trincado, es que por contrato toda factura emitida por la empresa ingresaba por Oficina de Partes junto a un informe de las labores realizadas, más otros documentos legales. Sin embargo, la factura en cuestión fue “escondida” entre estos documentos del expediente de pago de la factura legítima del último mes del contrato, según el asesor jurídico. 

Por escrito, el mismo asesor jurídico afirmó que “transgrediendo todos los elementos de confianza y buena fe que deben regir las relaciones contractuales, especialmente aquellas de las entidades públicas, (Hidrosym) aprovechó una debilidad en el control interno municipal, para forzar el pago de una deuda, que jamás fue adquirida”. 

Luego de encontrar la factura, el Municipio la rechazó y devolvió físicamente y mantuvo una reunión con la abogada de la empresa, Tamara Valdebenito. En ella participaron Anaís Barahona, como asesora jurídica, y Marcelo Bustos, como director de Medio Ambiente, donde informaron a Valdebenito que no se pagaría esa factura. La respuesta de la abogada fue que la cobrarían aunque sea por la vía judicial, ya que estaba aceptada en el Servicio de Impuestos Internos.

Al no recibir el pago, la empresa proveedora de servicios de mantención presentó una gestión preparatoria de cobro judicial el 3 de mayo de 2023, que se notificó el 18 de mayo al Municipio. Sin embargo, no alegaron la falsedad dentro del plazo legal. Esto dio pie a que Hidrosym presentara una demanda ejecutiva y mandamiento de ejecución y embargo el 31 de mayo del mismo año. Según el receptor judicial Marcelo Campos, este procedimiento fue notificado el 14 de junio de 2023. Pero nuevamente no se presentó objeción por parte del Municipio. 

Debido a esto, Hidrosym solicitó al Juzgado de Letras de Puerto Varas que ordenara al alcalde Gárate a dictar el decreto de pago de los $600 millones demandados. El 14 de julio el tribunal dio a lugar esa petición que fue notificada el 19 de julio al Municipio. Esta vez sí respondieron y fue por primera vez que apareció la Municipalidad en el proceso judicial. 

El 27 de julio de 2023 presentaron un escrito que pedía anular todo lo obrado durante ese momento, basándose en que recién el 21 de julio, hace seis días, la entonces asesora jurídica Anaís Barahona tuvo conocimiento de la causa y que anteriormente no se había informado al alcalde y municipio correctamente. El tribunal en primera instancia lo aceptó, pero la Corte de Apelaciones revocó el fallo en diciembre de 2024 ya que el escrito había sido ingresado fuera del plazo legal de cinco días contados desde que tuvo conocimiento del juicio (ver fallo). 

Es decir, en ninguna de las instancias anteriores, no cumplieron las fechas de un procedimiento judicial que la misma empresa había avisado que realizaría para cobrar la factura.

Luego el Municipio presentó otro escrito objetando la liquidación del crédito el 12 de febrero de 2024 y fue rechazada el 10 de marzo de este año. Después el 25 de marzo hizo lo mismo solicitando la suspensión del procedimiento, que también fue rechazada en junio. Entremedio de esas fechas, el Municipio también fue al Tribunal Constitucional quien no admitió el escrito, ya que no cumplía con los requisitos legales para ser procesado. 

Además, hace dos años el Municipio interpuso una querella criminal contra Hidrosym por los delitos de fraude al fisco y de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, que fue sobreseída por el Juzgado de Garantía de Puerto Varas y actualmente se encuentra con un recurso en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.

Debido a todo el tiempo transcurrido en el proceso judicial, es que se tuvo reliquidar el crédito de lo adeudado aumentando en $300 millones lo que se debió pagar desde un inicio (ver reliquidación). Así el 10 de octubre pasado el Municipio transfirió $908.002.958 a la cuenta del tribunal.

Frente a ello, el alcalde Gárate informó que el municipio presentó una medida prejudicial precautoria en Santiago, para retener los fondos mientras se tramita una demanda por enriquecimiento ilícito contra Hidrosym.

The Puerto Varas intentó comunicarse con Hidrosym para conocer su versión, pero hasta el cierre de esta edición no respondieron a los llamados y correos.

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Este reportaje fue desarrollado por el área de investigación del medio The Puerto Varas. Si encontraste algún error escribe a contacto@thepuertovaras.cl