Crónica de una auditoría anunciada. Por: Pablo Hübner, director The Puerto Varas
La transparencia es una palabra recurrente en el debate público. Su mención suele rememorar el hecho de que cuando son fondos públicos, asociados a la gestión de funcionarios públicos, resulta fundamental tener claridad, más allá de quienes son las personas que están a cargo.
Cuando partió el período municipal anterior, años 2020-2024, una de las primeras medidas que tomó la administración fue realizar una completa auditoría al gobierno municipal anterior. Una vez concluida se hizo una importante comunicación mediática, acusando situaciones con respecto al saldo inicial de caja y la situación contractual de algunos funcionarios. Incluso, se dijo que se seguiría investigando, tema que no prosperó en la notoriedad pública, salvo el anuncio.
En aquel entonces se hizo ver la importancia de estos procesos, su celeridad y funcionalidad para el mejor resguardo de los fondos de los vecinos, más aún considerando que con todas las necesidades que existen, no alcanza para todo y se debe priorizar.
El primer gobierno municipal de Tomás Gárate no ha sido auditado. Tampoco lo que lleva del segundo. Esto fue motivo de severa controversia el año pasado, previo a la elección municipal del año 2024. Un grupo de concejales, identificados como de oposición, intentó, en más de una oportunidad, realizar una completa auditoría. En aquel entonces, contó con el apoyo de Antonio Horn, Marcelo Salazar y Juan Patricio Godoy, y con el rechazo de Rocío Alvarado, Rodrigo Schnettler y Nataly Schadow. El alcalde se abstuvo de votar en ambas oportunidades, permitiendo un empate sobre el cual se resolvió una figura curiosa, imposible si se quiere, la del no acuerdo, que generó un vacío deliberante sobre el cual, en definitiva, imperó el no prosperar. En los hechos, fue una forma de rechazo.
Luego, fue el mismo alcalde quien anunció, pocas semanas después, durante un evento de alta concurrencia, sobre un escenario, que ahora sí había que hacer la auditoría a su período, proceso que promovió en pleno debate electoral, distinto a lo que pasó en las votaciones de concejo donde optó por no votar, y donde quienes lo suelen apoyar, lo rechazaron, para permitir el resultado de no avanzar. En aquel entonces se mencionó como argumento otros procesos en curso, sobre los cuales no se informaron las conclusiones.
La intención de realizar la auditoría se encuentra aprobada desde abril de este año. En el último concejo se mencionan algunos retrasos en la licitación, pero, que será pronto. Una semana o dos. Mientras, el área jurídica de la administración ya fue reestructurada durante el gobierno municipal anterior, proceso que se repite, sin tener claridad de los motivos asociados, más allá de la prudencia y/o sensibilidad que puede significar este tipo de modificaciones. Se agrega al cuadro la ausencia de claridad en casos como los potenciales 900 millones de pesos que podría tener que pagar el municipio a la empresa de mantención de áreas verdes, el monto definitivo asociado al problema de los trabajadores finiquitados que no fueron bien finiquitados, los despidos con elástico de los reintegrados por la justicia, los problemas generados por la contratación de guardias que no eran guardias acreditados para los establecimientos de salud, entre otras situaciones que merecen atención y sobre todo, claridad. Ese tipo de claridad que por cierto, no se ofrece en los programas de radio que pagamos todos los vecinos a modo de publicidad extendida en forma de infomercial en la Radio Reloncaví.
¿Por qué para auditar a la administración de Ramón Bahamonde se tarda mucho menos que para auditar la administración de Tomás Gárate? ¿Qué pasó con los otros procesos de control, que fueron argumentados por quienes se opusieron a la auditoría durante el gobierno municipal anterior? ¿Por qué un anuncio, que se hace hace meses, dura tanto tiempo sin concretarse?
La transparencia, el control y la fiscalización son claves, más allá de la administración de turno. La discrecionalidad con que se maneja este tipo de necesidad pública debería advertir la necesidad de estandarizar estos procesos, más allá de la voluntad de los concejos municipales de cada municipio y los generosos plazos que se otorgan, siempre con sentido de urgencia, tan diluida en la realidad. La transparencia prometida se mantiene difusa en un mar de explicaciones. La auditoría debió haber sido hace rato. Las explicaciones están cubiertas de buenas intenciones. Una vez más.