La Laja: quién decide y quién responde por la basura de nueve comunas
La contratación para ampliar y operar el relleno sanitario no consiguió los votos necesarios en Puerto Varas. El acercamiento posterior entre alcaldes y concejales abrió paso a una nueva votación, pero siguen pendientes el cálculo de capacidad, el alcance de los estudios comprometidos y las respuestas sobre el historial de las empresas.
El relleno sanitario La Laja sigue recibiendo basura. Lo que quedó sin aprobación el 14 de octubre fue la contratación destinada a construir su tercera etapa y operar el recinto durante nueve años. La diferencia importa: no hay un cierre provocado por la votación, pero sí una controversia sobre cómo asegurar la continuidad de una instalación utilizada por nueve comunas.
Tomás Gárate, alcalde de Puerto Varas y presidente de la asociación provincial de municipios, advierte que quedan aproximadamente nueve meses de capacidad. Raúl Monsalves, concejal de Puerto Varas, sostiene que estudios recientes permitirían hablar de al menos dos años. Antonio Horn exige análisis físicoquímicos antes de aprobar. Pamela Bongain pide conocer las sanciones efectivas a Interaseo y las condiciones de entrega del recinto.
El viernes 16, una reunión entre alcaldes de la asociación y cinco concejales abrió un acercamiento: se anunciaron estudios, entrega del historial de multas y participación del Concejo en reuniones del directorio. El acuerdo no adjudica el contrato. La propuesta deberá votarse nuevamente.
Foto: inauguración relleno sanitario La Laja
Qué se votó y por qué afecta a la provincia
La Laja recibe residuos de Calbuco, Cochamó, Fresia, Frutillar, Llanquihue, Los Muermos, Maullín, Puerto Montt y Puerto Varas. La asociación utiliza como referencia una proyección provincial de 462.191 habitantes para 2025, identificada en su observatorio como proyección del INE. No corresponde a un conteo de usuarios del relleno.
La propuesta para contratar a Consorcio Santa Marta S.A. obtuvo tres votos favorables: Tomás Gárate, Tamara Rammsy y Rodrigo Schnettler. Antonio Horn y Raúl Monsalves rechazaron. Pamela Bongain se abstuvo. Juan Patricio Godoy estuvo ausente. No se alcanzaron los cinco votos requeridos para una contratación que excede el período alcaldicio.
El proceso, identificado en Mercado Público como licitación 660872-13-LR26, integra la construcción del alvéolo 3 y la continuidad operacional. En la sesión se explicó que la operación se proyecta por nueve años e incluye la etapa 4.
Un alvéolo es una celda preparada para disponer residuos, con impermeabilización y sistemas para recoger lixiviados, los líquidos generados por la basura. La existencia de terreno o de futuras etapas no significa que ese espacio esté habilitado para utilizarse.
Gárate resumió su advertencia en el comunicado posterior:
“El rechazo de esta licitación es negligente e irresponsable y pone en riesgo que nuestra comunidad y las otras ocho comunas de la provincia de Llanquihue no tengan dónde disponer su basura. Al Relleno Sanitario La Laja le quedan apenas nueve meses de capacidad y la construcción del Alvéolo 3 requiere ocho meses. No tenemos margen. Con este rechazo, hoy no estamos en condiciones de garantizar la continuidad de su funcionamiento a partir de agosto del próximo año”.
Interaseo mantiene la operación vigente hasta agosto de 2027, según la asociación. Ese plazo contractual indica quién presta el servicio; no acredita cuánto espacio queda disponible.
Nueve meses o dos años: la diferencia que falta explicar
La Memoria Anual 2025 de la asociación registra una ocupación del alvéolo 2 de 79,81 % al cierre de ese año. El comunicado de octubre informa que en junio de 2026 alcanzaba el 88,87 %. Son antecedentes de utilización creciente, pero no bastan para determinar por sí solos una fecha de agotamiento.
Monsalves cuestionó públicamente la versión municipal:
“En primer lugar es falso los que se indica malintencionadamente de que al relleno sólo le quedan meses de funcionamiento, de hecho nos enteramos que como mínimo de acuerdo a los últimos estudios quedan dos años de funcionamiento”.
La sesión incorporó un antecedente que debe considerarse. Ante una consulta de Tamara Rammsy sobre una eventual demora en las obras, Cristián Kohler, inspector técnico de la asociación, explicó que durante la ampliación del contrato de Interaseo se había solicitado un plan para reconfigurar los alvéolos 1 y 2, y aumentar su capacidad.
La existencia de ese plan no acredita que las obras estén ejecutadas o autorizadas. Para comparar las dos versiones se necesita conocer el volumen remanente de cada alvéolo, el ritmo de ingreso, las condiciones de compactación y la capacidad adicional que aportaría la contingencia.
No hay en los antecedentes examinados una estimación desglosada que permita asignar un plazo verificable al alvéolo 1 y otro al 2. Tampoco corresponde confundir la vida útil de diseño del conjunto del relleno con la duración de las celdas ya construidas.
La referencia a nueve meses requiere además una fecha de cálculo: desde octubre conduciría aproximadamente a julio de 2027, mientras las declaraciones sitúan el riesgo en agosto o septiembre. Esa diferencia debe aclararse junto con el término contractual y el calendario de obras.
Horn: los exámenes y el compromiso anterior
Antonio Horn, concejal y presidente de la Comisión de Infraestructura, sostuvo que la solicitud de análisis no surgió al momento de votar. La vinculó con la prórroga anterior de Interaseo y con la necesidad de conocer el contenido de ambos alvéolos.
Durante la exposición de las comisiones señaló que había solicitado analizar nitrógeno total, relación carbono-nitrógeno, grasas y aceites. Afirmó que no habría aprobado la extensión de la actual operadora sin ese compromiso.
Al fundamentar su rechazo declaró:
“Yo tengo mis propios asesores ambientales, no es algo que se me haya ocurrido a mí, me hice asesorar y para mí es fundamental tener claro eso antes de traspasar esta operación del relleno sanitario a otra empresa”.
En Instagram precisó su preocupación:
“Aquí los Concejales estamos pidiendo específicamente un análisis Físico-Químico que nos permita descartar la presencia de múltiples desechos industriales biológicos que pueden estar encapsulados, es por ellos que no se reflejan en los gases ni en los lixiviados”.
Horn mencionó posibles residuos de la industria salmonicultora y riesgos para los habitantes cercanos, especialmente del sector Club de Campo. Sus intervenciones expresan sospechas que requieren investigación; no acreditan la presencia de residuos prohibidos ni demuestran que los monitoreos existentes sean incapaces de identificarlos.
Gárate respondió que ya se habían efectuado estudios sobre el funcionamiento de la planta de tratamiento, la estabilidad de los alvéolos y el sistema de biogás. Sostuvo que fueron entregados como antecedentes de la licitación y remitidos a la SMA.
Reconoció también un compromiso de analizar la solicitud de calicatas e informó una cotización de $48 millones para examinar uno de los alvéolos. Transmitió reparos de posibles proveedores sobre la representatividad de una muestra puntual.
Aquí hay dos diferencias pendientes. Una es técnica: qué pregunta resolverían los exámenes solicitados y con qué metodología. Otra es documental: si el compromiso anterior consistió en realizar los estudios o en evaluar su factibilidad.
Horn cerró su publicación con una condición:
“No hay nada que esconder. Haga los exámenes y con los resultados le aprobamos el traspaso”.
Monsalves y Pamela Bongain: razones diferentes
Monsalves fundamentó su rechazo en las dudas ambientales y en una oposición al modelo provincial:
“No me gusta tener en mi ciudad la basura, recibir la basura de ocho comunas. Nunca me ha gustado, no estoy de acuerdo”.
También respaldó la solicitud de información:
“Lo que comenta el concejal Horn es muy relevante para poder tomar esta decisión. Tenemos que tener toda esa información sobre la mesa”.
Su posición reúne una discusión territorial, cómo se distribuyen los efectos de un servicio provincial, y otra sobre los antecedentes necesarios para resolver esta contratación.
Pamela Bongain solicitó el historial de sanciones de la operadora:
“Yo quiero saber el número de sanciones que se le han cursado a Interaseo y el monto exacto. A mí me interesa poder tener un punto de referencia y eso es lo que solicité en la comisión, pero esa duda todavía no se me ha aclarado”.
Al explicar su abstención reconoció el trabajo preparatorio:
“Yo no me considero en este minuto totalmente capacitada como para rechazar o aprobar, porque por una parte veo que hay un trabajo detrás en mejorar las condiciones de la licitación, que se lo agradezco al equipo que trabajó en esta licitación”.
La concejala agregó que necesitaba estudiar la gestión de Interaseo y evaluar las condiciones en que se entregaría el relleno. También leyó una denuncia sobre una planta de valorización de residuos industriales de Resiter-Verdecorp en el sector, pero que no es parte del terreno donde opera el relleno sanitario La Laja.
Esa denuncia se refiere a otra instalación. Su lectura en el Concejo no acredita las irregularidades denunciadas ni establece su relación con la licitación de La Laja. Gárate pidió los antecedentes para revisar los permisos fiscalizables por el municipio.
Qué permite la fiscalización y qué exige la licitación.
Después del resultado, Gárate cuestionó los fundamentos de los votos y anunció una presentación a Contraloría:
“Ninguno de los tres argumentos han sido planteados respecto a alguna observación específica sobre la licitación que se ha presentado, lo cual me parece grave. Y por supuesto denunciaremos a la Contraloría”.
La ley municipal reconoce el derecho de los concejales a solicitar información y fiscalizar. También dispone expresamente, en su artículo 65, que al resolver contrataciones reguladas por la Ley de Compras deben ceñirse a las bases. El artículo 79 exige pronunciarse favorable o adversamente, salvo motivo para inhabilitarse o abstenerse que quede registrado en el acta.
Pedir un estudio es distinto de imponerlo como una condición nueva para adjudicar. La cuestión es si los exámenes solicitados son necesarios para acreditar una obligación legal o contractual pendiente, o si se agregan a las reglas con que participaron las empresas.
Interaseo: operadora actual y competidora
La licitación recibió ofertas de Santa Marta, Interaseo y Veolia. Según la exposición municipal, una propuesta fue declarada inadmisible por documentación insuficiente y dos pasaron a evaluación. Santa Marta obtuvo 98,4 puntos e Interaseo, 77,9.
| Concepto presentado al Concejo | Santa Marta | Interaseo |
|---|---|---|
| Construcción del alvéolo 3 | Aproximadamente $3.147 millones | Aproximadamente $3.235 millones |
| Tarifa de operación ofertada | $21.360 por tonelada | Aproximadamente $27.200 por tonelada |
| Puntaje final informado | 98,4 | 77,9 |
Los plazos para el cierre
Antonio Horn afirmó en Instagram que el informe procede de la propia concesionaria y responde a un oficio del senador Carlos Kuschel. Según el concejal, estima 25 meses de vida útil.
Interaseo es la operadora actual y también compite por el nuevo contrato. Los antecedentes que aporte sobre el estado del recinto deben examinarse considerando ambas posiciones.
El artículo 35 ter de la Ley 19.886 restringe las comunicaciones relativas al concurso entre oferentes y quienes participan en la adjudicación desde el organismo licitante, salvo por los canales y condiciones establecidos. La ficha de esta licitación recoge esa restricción. Esa regla no permite equiparar automáticamente una conversación via oficio de un senador con la empresa a un contacto de quienes intervienen en la adjudicación municipal. No obstante, la proximidad es evidente, más considerando que son del mismo sector político y comparten un programa de radio.
Las multas: registrar no equivale a cobrar
La consulta de Pamela Bongain dejó expuesta una diferencia entre el control operativo y la sanción administrativa.
Kohler explicó: “Nosotros no tenemos el historial de decretos, sino que tenemos el total de multas emitidas por libro”.
Agregó: “De esas no todas se traspasan por distintos factores al operador”.
Gárate presentó un consolidado de 500 multas comunicadas por libro de obras, equivalentes a 4.960 UTM, entre septiembre de 2025 y agosto de 2026.
Los incumplimientos descritos incluían cobertura y manejo del frente de trabajo, lixiviados, biogás, aguas y reportabilidad. El alcalde precisó que después del registro existe una etapa administrativa para decretar la sanción.
Las 4.960 UTM no pueden presentarse, por tanto, como una suma íntegramente cobrada. Falta establecer cuántas multas se decretaron, cuáles se modificaron o dejaron sin efecto y cuánto se descontó realmente.
Según la exposición de las comisiones, el nuevo régimen contempla multas de 20, 50 y 100 UTM según gravedad, aumentos por reiteración y causales de término anticipado. La mejora de las cláusulas requiere, además, una tramitación efectiva para que las sanciones se apliquen.
El expediente ambiental de La Laja
Las multas contractuales son distintas de las sanciones ambientales. La Laja tiene una historia de fiscalizaciones que precede al conflicto actual.
El procedimiento D-080-2017 derivó en una sanción impuesta en 2018. Su ficha registra una multa de 101,7 UTA pagada y término administrativo en febrero de 2025. Esa fecha de cierre no corresponde a la imposición original de la multa.
En noviembre de 2023, la SMA formuló otros nueve cargos contra la Municipalidad de Puerto Varas: cinco graves y cuatro leves. Incluyeron deficiencias en lixiviados y biogás, cobertura, dimensiones del frente de trabajo y reportes.
La Resolución N.º 5 de diciembre de 2025, del procedimiento D-257-2023, observó la suficiencia de los análisis de efectos ambientales y pidió complementar información sobre aguas subterráneas, olores y otras materias. También incorporó nuevas denuncias y un antecedente de inspección sobre una descarga de líquidos sin tratamiento en febrero de 2024. Son actuaciones administrativas que no equivalen a una sentencia penal.
Ese historial impide descartar las preguntas ambientales como simples opiniones. No demuestra, sin embargo, que los sondajes exigidos por Horn sean un requisito previo de esta adjudicación.
El expediente D-257-2023 continúa publicado como “en curso”. Registra nuevas presentaciones durante 2026, incluida una versión refundida del programa de cumplimiento del 1 de junio. La ficha consultada no acredita su aprobación ni el cierre del procedimiento.
Por ello, la referencia hecha durante la sesión a una eventual multa de $21.000 millones no debe presentarse como una deuda impuesta. Tampoco la presentación de un programa demuestra que todas sus acciones hayan sido aprobadas o cumplidas.
La discusión contractual también viene de antes: en febrero de 2024 la asociación pidió terminar el contrato con Interaseo y asumir transitoriamente la administración. En marzo informó que nuevamente no se había reunido el quórum del Concejo para aprobar ese cambio.
Santa Marta: el fallo reciente y el cuestionamiento de Fidel Espinoza
Horn también objetó los antecedentes de la empresa propuesta:
“La irresponsabilidad sería aprobar la licitación a ciegas a una empresa que ya tuvo un caso de incendio en otro relleno sanitario que manejaba y que sancionó la superintendencia de medio ambiente con al rededor de 2300 millones”.
El antecedente tiene respaldo oficial. El 1 de octubre de 2026, el Segundo Tribunal Ambiental informó que rechazó la reclamación de Consorcio Santa Marta y confirmó una multa por once infracciones relacionadas con su relleno de Talagante.
La sanción original de 2.851 UTA fue reducida administrativamente a 2.771 UTA en septiembre de 2024. El procedimiento incluyó el deslizamiento de residuos y posterior incendio de enero de 2016.
El tribunal examinó incumplimientos asociados a estabilidad, lixiviados, biogás y otras obligaciones. La sanción y su confirmación judicial justifican preguntar cómo se ponderaron estos antecedentes. No acreditan por sí solas una prohibición de contratar ni permiten predecir que el episodio se repetirá en La Laja.
El senador por Los Lagos Fidel Espinoza se sumó al cuestionamiento y declaró: “nosotros no queremos que una empresa de estas características venga a operar a nuestra región”. Informó gestiones ante la SMA y pidió que los alcaldes conocieran el historial ambiental.
Su objeción incorpora una voz al conflicto, pero no reemplaza las reglas de evaluación ni constituye una resolución sobre la admisibilidad de Santa Marta.
Quién opera, quién controla y qué cambiaría
La asociación coordina el sistema provincial y participa en su inspección. Interaseo ejecuta la operación vigente. Puerto Varas conduce la contratación, tramita las sanciones municipales y figura como titular ambiental en los expedientes consultados.
La SMA fiscaliza los instrumentos ambientales; la Seremi de Salud ejerce el control sanitario. La resolución de calificación ambiental y la autorización sanitaria cumplen funciones diferentes: ninguna reemplaza a la otra ni garantiza, por sí sola, que las condiciones se cumplan durante toda la operación.
Según la presentación municipal, la propuesta de contrato contempla cambios que también fueron discutidos: maquinaria a cargo de la operadora, mayores multas, garantías y transferencia de la titularidad ambiental, con obligaciones para tramitar su devolución al municipio al término contractual.
El equipo jurídico explicó que la restitución debía gestionarse antes del término y que su incumplimiento podía activar multas y el cobro de garantías. Horn pidió aclarar cómo funcionaría ante una eventual quiebra. La explicación contractual no significa que cambiar de operadora borre responsabilidades por hechos anteriores.
Fernanda Tapia, directora ejecutiva de la asociación, sostuvo en el comunicado del 14 de octubre:
“Desde la Asociación vamos a seguir colaborando con toda la información que se necesite. El relleno es un servicio básico para toda la provincia y la continuidad de su operación es nuestra prioridad”.
GORE y Subdere intervienen en el financiamiento de infraestructura.
En julio de 2025 anunciaron un convenio por $3.313 millones para el alvéolo 3. Entonces se informó una ocupación del alvéolo 2 del 70 % y un plazo de obras de ocho meses.
La ficha de Mercado Público registra la publicación de la licitación el 15 de mayo de 2026 y el cierre de ofertas el 13 de agosto. Esa secuencia permite situar la urgencia: la ampliación era conocida antes de octubre y su tramitación debe evaluarse desde el financiamiento y la preparación del concurso.
La posición provincial y el costo de una alternativa
Víctor Angulo, alcalde de Llanquihue, explicó:
“Como alcalde, me preocupa la decisión que impidió avanzar en la adjudicación de las obras y la continuidad operacional del recinto. Si debemos trasladar nuestros residuos fuera de la provincia, aumentarán los costos de transporte y disposición, presionando un presupuesto municipal que también debe responder a muchas otras necesidades de la comunidad”.
Agregó:
“Respeto la autonomía del Concejo Municipal de Puerto Varas, pero las consecuencias de esta decisión alcanzan a las nueve comunas que dependen de La Laja. Necesitamos resolver las diferencias con antecedentes técnicos, diálogo y responsabilidad”.
Rodrigo Wainraihgt, alcalde de Puerto Montt, llamó a considerar las consecuencias provinciales:
“Hago un llamado a la solidaridad, principalmente de los concejales, para que puedan prever lo que puede ocurrir si esto no se aprueba”.
“Para eso necesitamos el Alvéolo 3; si no, se va a afectar la vida cotidiana de todos los habitantes de la provincia”.
Desde la Comisión de Medio Ambiente del CORE, su presidente, Javier Cabello, advirtió: “Corremos el riesgo de estar en ocho o nueve meses con un problema sanitario y ambiental bastante grave”. El vicepresidente de la comisión, Luis Becerra, respaldó la revisión ante Contraloría y anunció seguimiento al proceso.
Gárate informó que se solicitaron cotizaciones para disponer residuos fuera de la provincia, mencionando Los Ángeles.
La Laja comenzó su marcha blanca en marzo de 2016 como solución provincial. Su origen explica la escala compartida; también exige esclarecer cómo se distribuyen las obligaciones, los costos y los efectos que soporta la comuna receptora.
Lo que se entierra, lo que se recupera y cuánto cuesta
El relleno sanitario es la instalación de disposición final. Las actividades de reciclaje y compostaje buscan reducir lo que termina allí. La denominación Centro de Tratamiento Integral de Residuos reúne una transformación iniciada y un proyecto futuro de mayor escala; no significa que toda la basura recibida sea tratada.
Las 1.477 toneladas provienen de la suma de la tabla de valorización, que coincide con el resumen de la memoria. Otro párrafo menciona 1.487: existe una diferencia interna de diez toneladas. La recuperación provincial no debe atribuirse íntegramente al galpón de La Laja ni utilizarse como una tasa de reciclaje del relleno sin igualar los flujos considerados.
El documento informa un presupuesto anual de la asociación de $1.266 millones, con ejecución cercana al 80%. Ese presupuesto comprende distintas funciones y no permite calcular por sí solo el costo exclusivo del reciclaje, el compostaje o la disposición final.
En junio de 2026, la asociación anunció un proyecto estimado en US$43 millones, con una meta de recuperar hasta el 65% de los residuos y nuevas tecnologías de clasificación y tratamiento. El anuncio contemplaba prefactibilidad y estructuración financiera. Es una meta futura, no el resultado actual ni una capacidad disponible para sustituir la ampliación inmediata.
La discusión sobre residuos industriales también necesita precisión. El reglamento sanitario permite residuos asimilables que no sean peligrosos y cuyas características permitan disponerlos sin interferir con la operación. No se limita necesariamente a basura de oficinas o comedores.
Horn mencionó un límite del 5% y el ingreso de entre diez y catorce empresas. Para verificar su cumplimiento se necesitan la autorización específica y los registros de origen, pesaje y caracterización. El origen industrial no prueba por sí solo una infracción; llamarlo asimilable tampoco demuestra que cumpla las condiciones.
La Memoria Anual 2025 permite dimensionar ambos circuitos:
| Indicador | Resultado de 2025 |
| Residuos recibidos en el relleno | 189.904 toneladas |
| Promedio diario calculado sobre el año | Aproximadamente 520 toneladas |
| Materiales valorizados en la red provincial | 1.477 toneladas |
| Orgánicos tratados, incluidos en la valorización | 191 toneladas |
| Lixiviados tratados | 93.822 m³ |
El acuerdo del viernes
Después de la reunión del 16 de octubre, Monsalves anunció:
“La Asociación del Relleno sanitario financiará el estudio fisico quimico con sondajes que se solicitó durante todo el año para analizar el real estado de los alveolos”.
También informó participación del Concejo en el directorio, intervención del delegado presidencial como garante y una reunión con un experto en prevención de incendios.
Marco Silva, alcalde de Calbuco y primer vicepresidente de la asociación, expresó en el comunicado:
“Valoramos la disposición de los concejales para llegar a este acuerdo. Nos comprometimos a realizar el estudio de biodiversidad en el relleno sanitario, a dar a conocer sus resultados al concejo municipal de Puerto Varas y hacer un seguimiento exhaustivo de los resultados, a responder a la información que solicitaron los concejales de forma oportuna e integrarlos a las sesiones del directorio. Con esto aseguramos la viabilidad y operación del relleno”.
El comunicado habla de estudios ambientales; Monsalves, de análisis físicoquímicos con sondajes; Silva, de biodiversidad. Esas denominaciones no permiten conocer una metodología común: falta precisar el estudio, su alcance, financiamiento, plazos y relación con la próxima votación.
El Comité Ambiental Comunal de Puerto Varas propuso avanzar simultáneamente:
“Proponemos hacer ambas cosas en paralelo: adjudicar ahora y acordar, en la misma sesión, una evaluación técnica de los alvéolos 1 y 2, con financiamiento, fechas y resultados públicos, que sirva como línea base al momento de entregar la operación”.
La organización también pidió un plan de contingencia provincial y, metas de reciclaje y compostaje. Su propuesta expresa una posición ante el conflicto; debe examinarse con las condiciones de la contratación.
Continúan pendientes el cálculo comparable de capacidad, el alcance formal de los exámenes, las multas efectivamente aplicadas y las condiciones del cambio de operadora. Tampoco se dispone de respuestas directas de Santa Marta e Interaseo a los cuestionamientos específicos: las exposiciones municipales no sustituyen sus versiones.
El acercamiento abre una salida, pero todavía debe traducirse en documentos, decisiones y plazos. Víctor Angulo sitúa la responsabilidad en el servicio cotidiano:
“Detrás de esta preocupación está algo tan cotidiano como que el camión pueda retirar la basura y tenga un lugar autorizado donde depositarla. Está la limpieza de nuestros barrios y la salud de nuestras familias”.
Las preguntas pendientes
El acuerdo abre una salida, pero todavía faltan respuestas:
- ¿Cuánta capacidad autorizada queda en los alvéolos 1 y 2? ¿Qué sustenta los nueve meses o los dos años anunciados y cuánto margen ofrece la contingencia?
- ¿Qué estudios se realizarán y cuándo? ¿Cumplen el compromiso anterior y serán requisito para volver a votar?
- ¿Qué observaciones de la SMA siguen pendientes y cuántas multas a Interaseo se hicieron efectivas?
- ¿Cuál es el informe atribuido a Interaseo, cómo llegó al debate y quién verificó sus conclusiones?
- ¿Cómo se evaluó el historial ambiental de Santa Marta y qué garantías habrá para recibir y operar el relleno?
- ¿Qué fundamento jurídico respalda los rechazos y la abstención? ¿Se presentó el caso a Contraloría?
- ¿Cómo se administraron los plazos, cuánto costarán las alternativas y quién responderá por los compromisos del acuerdo?
La próxima votación deberá resolver la contratación. Estas respuestas permitirán conocer bajo qué condiciones continuará el servicio.